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MENINOS DA RUA: UN ANÁLISIS EN PERSPECTIVA

4 octubre 2019
Autor: Pedro Pablo Domínguez Prieto
Licenciado en Criminología

Desde siempre he sido un apasionado de la política criminal, quizás por ser una de las vertientes más prácticas entre los campos de estudio de la Criminología, aunque también por tratarse de una de las menos fecundas.

Y esto es porque al margen de auténticos disparates desarrollados y aplicados por administraciones que no se controlaban adecuadamente, hoy en día seguimos sin dar el paso cualitativo que nos permita reducir significativamente la delincuencia. O visto desde otro prisma, aumentar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Porque no olvidemos que la principal labor de un Criminólogo es esta, contribuir a crear una sociedad en la que el crimen llegue a ser algo anecdótico.

¿Cómo lo conseguiremos? sin duda queda un largo camino, pero no deja de ser interesante el analizar cómo NO debemos hacerlo para no repetir trágicos errores del pasado.

Con este objetivo analizaré un suceso ya algo antiguo (30 años) pero que es fácil relacionar con un problema presente en la sociedad española actual, y que son los menores no acompañados.

Esto se califica como un grave problema en algunas ciudades como Barcelona, y quizás incluso vaya in crescendo debido a la falta de soluciones políticas, presupuesto, voluntad de las instituciones, (e incluso falta de profesionales -Criminólogos-), etc.

Seamos francos: ¿cuál es el precio de un sistema penal extremadamente garantista?: la dificultad para perseguir el delito. ¿Quién ha propiciado esta situación?: la misma sociedad a través de diversos grupos de presión, organizaciones políticas, etc. ¿Tiene solución? SI, aunque precisará de ciertos mecanismos que por definición son lentos, arduos y aparentemente poco eficaces… pero son los que tenemos en un estado democrático y de derecho.

El ciudadano lego en Criminología e historia del Derecho penal desconoce el porqué de las leyes actuales (quizás esa sea una razón de peso en el resultado), no obstante estoy convencido de que entendería las implicaciones de no contar con las actuales estructuras jurídico-penales, viendo un ejemplo de todo lo contrario.

Con este objetivo he realizado una pequeña investigación acerca de un trágico fenómeno acaecido a finales de los años 80 en Brasil, que motivó la condena internacional al trascender.

Desde principios de los años 60, en toda latinoamérica proliferan los llamados “escuadrones de la muerte”, grupos paramilitares inspirados en la doctrina contrasubversiva creada por Francia en la Guerra de Argelia, y que van a jugar un papel clave en los hechos que quiero analizar. En esencia, un escuadrón de la muerte es un grupo armado sin adscripción concreta (paramilitar), que realiza acciones de guerra sucia contra una determinada facción. Al no ser un grupo oficialmente relacionado a un Estado, suelen cometer todo tipo de crímenes, como secuestros, torturas, violaciones y asesinatos. La gran mayoría son de corte ultraderechista (aunque las actuales FAS de Venezuela y el GAL español de los años 80 fueron promovidos por gobiernos de izquierdas).

Los más famosos sin duda en el ámbito de iberoamérica fueron los de El Salvador, que actuaron durante su guerra civil en los años 80, hasta la firma del acuerdo de paz en 1992.

Pero también los encontramos en el país que nos interesa, Brasil, donde a partir de la dictadura militar de 1964, surgen grupos de militares, policías, ex-policías e incluso civiles, los cuales al margen de las instancias oficiales acometen el asesinato de personas o grupos que son molestos para el Gobierno.

Por ejemplo la Scuderie Le Cocq, que operaba en la periferia de Río de Janeiro y que era sufragada por empresarios y comerciantes para “controlar la delincuencia” en sus demarcaciones. El secuestro y la tortura eran practicados por doquier por esta “policía privada”, llegando al extremo de que en el año 1968 fueran asesinadas casi mil personas por estos grupos parapoliciales.

Hoy en día estos grupos perviven, y asombrosamente cuentan con un gran apoyo popular. Incluso podríamos hacer un paralelismo con la situación española, en la que el ciudadano medio responde a la creciente sensación de inseguridad culpando a grupos como los menores no acompañados. La diferencia es que en España se sigue confiando en las instancias de control formales, sin embargo en Brasil se pagó (y se paga) a grupos armados para que los eliminen de las calles.

Comunidades en internet como Orkut Sem Lei reúnen a más de 40.000 seguidores (la mayoría de clase media) que piden asesinatos y linchamientos de delincuentes de clase baja.

En 2007 se estrenó la película “Tropa de élite”, que mostraba la brutalidad de la Policía Militar de Río de Janeiro, incluyendo torturas mediante ahogamiento y ejecuciones de menores de edad. El film fue un enorme éxito, e incluso la población brasileña imitaba jocosamente las escenas de asfixia con bolsas de plástico.

Pero sin duda el evento más importante relacionado con asunto que quiero tratar ocurrió hace 30 años. Cansados de la delincuencia juvenil, escuadrones de la muerte subvencionados por la propia ciudadanía asesinaron a 9.611 niños en un lapso de 6 años (1988-1993). Se pagaban entre 10 y 40 dólares por la muerte de un menor.

Estos hechos se investigan a partir de la matanza de la Candelaria del 25 de julio de 1993. Para su estupefacción, America´s Watch observo en su análisis un patrón de grupos policiales de servicio y agentes fuera de servicio que asesinaban niños rutinariamente. Aunque Brasil poseía una buena legislación de menores, que a grosso modo equivalía a nuestra ley del menor (Estatuto de Criança e do Adolescente de 1990), el Gobierno había fallado sistemáticamente en su aplicación. De hecho los investigadores se encontraron un grave problema de niños asesinados, algunos muertos a manos de otros menores y por grupos paramilitares denominados Grupos de exterminio o Justiceiros. Estos estaban formados por policías, narcotraficantes y grupos de delincuencia organizada.

El nivel de impunidad de estos era apabullante: un estudio realizado por el Núcleo de Estudos da Violencia reveló que en Sao Paulo la mitad de los informes sobre homicidios de niños no contenían referencias a la identidad de los perpetradores. En Río de Janeiro el porcentaje ascendía al 87%. Por otro lado, sí que se conocía la causa predominante: 71% por armas de fuego en Sao Paulo y 86% en Río, la mayoría heridas en cabeza y tórax, lo que sugiere hechos intencionados (ejecuciones).

Un estudio paralelo realizado por Myriam Mesquida de Castro del NEV demostró que el 75% de las víctimas de homicidios en estas ciudades eran jóvenes, y que el 62% estaba en la horquilla de 15-17 años. Otro dato muy revelador de este análisis es que el 51,7% de ellos eran de raza negra o mulatos (en Río de Janeiro el 70% de la población era de raza blanca).

De las anteriores estadísticas se puede deducir fácilmente que existía un sesgo importante que convertía en población de riesgo a los menores de raza negra de estas ciudades.

Pero, ¿de dónde provenían exactamente? En cuanto a los menores brasileños debemos distinguir entre “meninos da rua” (viven en la calle permanentemente) y los “meninos na rua” (solo trabajan y regresan más tarde a casa - son la mayoría-). La mayor parte de los niños que permanecen en la calle son víctimas de pobreza y violencia familiar.

A principios de los años 90, la mortalidad infantil era de 67/1000 en menores de 5 años, o 247.000 anuales. El 53,5% de los adolescentes vivían en familias con rentas de 30$ al mes o inferiores.

No menos importante es que menos del 45% de los niños brasileños vivía en hogares con agua corriente y aseo, además de serias carencias alimenticias y abandono, fruto de familias desestructuradas y numerosas (algunas con más de 7 hijos). Algunos se marchaban de sus casas con 6 años y sobrevivían vendiendo cigarrillos, limpiando zapatos, vigilando coches, mendigando, robando, vendiendo drogas o prostituyéndose. Las chicas mayoritariamente se prostituían, en 1992 la Fundacao Centro Brasileiro para Infancia e Adolescencia calculó que había en Brasil más de medio millón de prostitutas menores de 17 años.

El resultado es que, de modo general, se les percibiera como “bandidinhos” (delincuentes) por la población general. De hecho, cuando se hizo pública la matanza de 1993, todos los radioyentes que llamaron para expresar su opinión, estaban de acuerdo con los asesinatos.

Según UNICEF, la combinación de permanecer en la calle por la noche y la imagen de delincuentes les convertía en población de riesgo. Este mismo organismo calculó que en 1990 unos 7,5 millones de niños de entre 10 y 17 años dormía en la calle.

Por otro lado es sorprendente que la misma Constitución de 1988 protegía expresamente a los menores, concretamente su art. 227 establecía “es tarea de la familia, la sociedad y el Estado garantizar a jóvenes y adolescentes, con total prioridad, el derecho a la vida, salud, alimentación, educación, tiempo libre, acceso al trabajo, cultura, dignidad, respeto, libertad y vida familiar y comunitaria, además de mantenerles alejados de cualquier forma de discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión”.

De hecho Brasil fue uno de los primeros estados en ratificar la Convención de derechos del niño de la ONU.

No obstante este ordenamiento contrastaba con la realidad de la aplicación de las leyes a pié de calle, ya que el control de la Administración fallaba a nivel operativo. Muchos mandos policiales no podían controlar lo que hacían sus subordinados.

Además, en los barrios más pobres el control era aún menor, y llego a imperar un sistema de justicia popular donde el que fallecía era enterrado sin más preguntas. Incluso se llegó a linchar a delincuentes, sobre todo sexuales. En junio de 1993, y en un periodo de 10 días, 17 personas acusadas de violaciones fueron ejecutadas en Río.

Muchos menores acusados de crímenes fueron también asesinados por grupos de civiles o por miembros de bandas contratados por los vecinos.

En 1991, la policía de Sao Paulo detuvo a 5139 menores: 1303 por robo a mano armada, 15 por homicidio, 144 por tráfico de drogas y 622 por posesión de armas de fuego. Al año siguiente, 1054 por hurtos, 822 por robo con violencia y 159 por narcotráfico.

En 1993, el juzgado de menores de Río de Janeiro procesó a 954 menores, el 70% de ellos por robo. ¿Qué ocurría con estos niños detenidos? la falta de supervisión hacía que se les sometiera a interrogatorios, golpes y torturas independientemente de la gravedad del delito (hurto o asesinato, por ejemplo). En dependencias policiales se les quemaba con cigarrillos en los genitales, se les aplicaban descargas eléctricas o se les ahogaba en los inodoros. Un niño de 12 años acusado de matar a un vecino, fue encerrado en una celda de 2 metros cuadrados, solo y desnudo, y dejado allí 3 días sin comer. Otro fue obligado a sentarse sobre un hormiguero.

Una práctica común era montar al menor en un vehículo patrulla (en el asiento delantero), y llevarlo por las zonas de venta de drogas. Una vez frente a un punto de venta, detenían el coche para que los traficantes lo viesen, y dedujesen que se trataba de un informador (luego, al liberarlo, era asesinado).

Aquellos que eran recluidos en centros de menores no corrían mejor suerte: al salir estaban estigmatizados como “infratores juvenis” y además habían aprendido a delinquir. Muchos menores eran liberados y después se les disparaba por la espalda con la excusa de que pretendía huir de la policía.

En el libro Rota 66: a historia da policía que mata, el periodista Caco Burcellos describió como los civiles eran ejecutados independientemente de que huyeran, se resistieran o se entregaran. Se les disparaba igualmente. Muchas veces se les ponía un arma para justificar el asesinato. Este autor calculó que entre 1970 y 1991, en Sao Paulo se asesinaron a 7.500/8.000 civiles. En los 6 primeros meses de 1992, solo resultó muerto un agente de la ley.

Esto nos lleva a preguntarnos ¿Cómo funcionaba el sistema policial en Brasil? la policía de este país era mayoritariamente de inspiración militar, ya que durante la dictadura estaban bajo su control, y muchos agentes que habían actuado de modo irregular permanecieron en sus puestos tras la amnistía de 1979. En teoría, en Brasil existe un sistema complejo y garantista de investigación judicial, la cuestión es que la Policía Militar no actuaba bajo la jurisdicción civil, sino encuadrada en la Auditoría da Justiça Militar, y esta administración paralela estaba estructurada de modo que era prácticamente imposible condenar a un militar que hubiera cometido un crimen violento. Normalmente el informe de los superiores del agente hablaba de uso justificado de la fuerza. Según un estudio realizado por A Gazeta, el 92% de los casos resultaban en la absolución del policía.

Asimismo, el sistema era altamente ineficiente, en 1993 se calculó que los 4 juzgados principales de Sao Paulo tenían 14.000 casos pendientes, contando cada organismo judicial con solo 1 Juez a su cargo. Los juicios por homicidio solían alargarse 10 años, y los crímenes de abuso de autoridad y asalto no llegaban a perseguirse siquiera.

Así, los abusos policiales como las palizas a niños eran totalmente impunes, no llegaban a denunciarse. Incluso aquellos letrados que lo hacían era amenazados de muerte. Los testigos tampoco colaboraban, eran a menudo asesinados (se conocía como “quema de arquivo” -quemas de archivos-).

Por otra parte era muy complicado localizar a los testigos, que solían ser otros niños de la calle, ya que muchos de ellos no tenían domicilio conocido (caso común entre los MENAs), y a veces era preciso que testificaran 3 veces para concluir un proceso. Al ser indocumentados, también había enormes problemas para identificar a las víctimas. Los cadáveres solo podían ser vistos por familiares directos, y como esto no se podía acreditar, se revelaba imposible. Los cadáveres no se guardaban refrigerados, por lo que al poco tiempo se descomponían.

En algunas ocasiones se llegó a contratar asistentes externos para agilizar los procesos judiciales (assistente do ministerio público o assistente da acusaçao), pagados por ONGs o ciudadanos con dinero.

Después de 1993, se instauró un programa para tratar psicológicamente a los policías, con el objetivo de reducir su agresividad, no obstante hoy en día siguen produciéndose abusos y la imagen de los agentes en ciudades como Río o Sao Paulo sigue siendo muy negativa.

Recapitulando, una combinación de marginación, pobreza, desidia de la Administración, corrupción policial, y una actitud hostil de los ciudadanos, resultó en la muerte de miles de menores sin que se depuraran responsabilidades, ni se solucionara el problema a largo plazo (hoy en día se mantiene).

Por tanto, podemos obtener varias conclusiones:

-La falta de estructuras de apoyo social a los más desfavorecidos termina afectando mayormente a los menores de edad.

-Estos menores sin recursos se centrarán en actividades delictivas de diverso tipo, que con el tiempo sobrepasarán los límites de lo aceptable por la sociedad en general.

-Al rebasarse esos límites, el ciudadano se alarma y demanda soluciones inmediatas, que en el caso de Brasil, al ser un estado en el que la violencia es más generalizada que en España, se concretó directamente en contratar asesinos a sueldo.

-Esta medida no disminuyó significativamente la delincuencia, y sí llamó la atención de los organismos internacionales.

-En España sufrimos un alto índice de delincuencia por parte de menores extranjeros no acompañados, que comienza a alarmar a los ciudadanos de a pié.

-Son necesarias políticas criminales eficaces que actúen a todos los niveles, no solo en el represor, ya que hemos comprobado que incluso niveles extremos de represión son ineficaces para eliminar la delincuencia ejercida por menores.

 

Bibliografía:

Americas watch, The killings in candelaria and Vegario Geral: the urgent need to police and brazilian police, p.6 Americas watch interview with Dr. Wellington da Costa Citty, Vitoria, Espirito Santo, june 14, 1993.

“Aumenta nº de PMs afastados por homicidio”, Folha de S. Paulo, Novembre 10, 1993. “Capturados tres acusados de exterminio”, A Gazeta, May 1, 1993.

Final Justice: police and death squad homicides of adolescents in Brazil, Human Rights watch/ Americas.

Human rights watch world report 1992 events.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estadistica (IBGE), Anuario estadístico do Brazil, 1992. (Rio de Janeiro: IBGE, 1992) p. 261

Myriam Mesquida Pugliese de Castro, coordinator, Mortes de crianças e adolescentes na Impresa Nacional.

“Presos quinze PMs envolvidos na morte de menor”, A Gazeta, May 1, 1993.

“Violencia contra menor aumenta 50% no Rio de Janeiro”, O Globo, Novembre 2, 1993

 

Tutor de las actividades formativas:

− Perito Judicial Experto en Acoso Escolar, Bullying y Cyberbullying

− Perito Judicial Experto en Delincuencia Juvenil